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Obras inservibles e infladas, los señalamientos que recaen sobre Javier Lazcano, uno de los personajes más cercanos a Alejandro Murat
martes, 28 de noviembre de 2023

Javier Lazcano Vargas, quien fue el secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, fue detenido esta tarde en la ciudad de México.

Sobre Lazcano Vargas recaen acusaciones de haber hecho uso irregular de los recursos públicos con que dispuso durante el tiempo que estuvo al frente de la entonces SINFRA, hoy Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC).

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SINFRA fue una de las dependencias que mayor dinero obtuvo de la deuda pública por 3 mil 500 millones de pesos que en 2019 autorizó el Congreso local a través del decreto 809 y por lo que la actual administración abrió 20 auditorías por medio de la Secretaría de Honestidad en 2023.

La Secretaría de las Infraestructuras de Lazcano ha sido señalada de haber entregado obras públicas inservibles o infladas, como es el caso de la rehabilitación de la avenida Símbolos Patrios y el llamado Circuito Interior, así como el Centro Cultural Oaxaca, lo que antes fue el teatro “Álvaro Carrillo”, hechas con recursos de empréstitos.

Javier Lazcano, que llegó del Estado de México junto con el entonces gobernador Alejandro Murat, fue nombrando titular de Sinfra el 10 de marzo de 2020 y ahí permaneció hasta el final del sexenio pasado (30 de noviembre de 2022).

El 21 de noviembre de 2022, con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno de Alejandro Murat, Javier Lazcano compareció ante el Congreso estatal, donde afirmó que la administración en turno había dejado “grandes obras”, como el Circuito Interior, donde según el entonces funcionario se habían invertido cerca de 588 millones de pesos.

Sin embargo, a las pocas horas de haber sido inaugurada, aquella obra comenzó a sufrir múltiples hundimientos, que hoy mantienen intransitables dos tramos, ambos sobre la ribera del río Atoyac.

 El servidor público también afirmó que el Centro Cultural “Álvaro Carrillo” había tenido un costo de 360 millones de pesos; sin embargo, de acuerdo con las actuales autoridades, las acciones emprendidas no han sido debidamente solventadas y la obra nunca tuvo una justificación.

El último escándalo protagonizado por Lazcano se registró justamente el 30 de noviembre cuando herreros que habían prestado su servicio a la construcción del Citybús, decidieron desmontar diversas estructuras de los paraderos ubicados en la Central de Abasto tras acusar a Sinfra de adeudarles más de 7 millones de pesos.

Lazcano también ocupó otras carteras de alta relevancia dentro de la pasada administración, como fue el caso de la titularidad del Coplade, de la Oficina de la Gubernatura y fue director del Centro SCT-Oaxaca.

Cinco detenido de Sinfra 

Antes de la detención de Lazcano las autoridades oaxaqueñas habían detenido a cuatro servidores públicos adscritos a esa dependencia: Leopoldo Gilberto López (subsecretario de Obras Públicas), Rubén César Mendoza Hernández (director de Control y Evaluación de Obra Pública), Manuel Meza Corres (subsecretario de Obras) y Alejandro Cristóbal Canseco Antonio (jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra ).

A los funcionarios les es imputado el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades en perjuicio patrimonial de Gobierno del Estado.

De acuerdo con la causa penal 565/2023, se realizaron pagos indebidos derivados de la abstención de cumplir con diferentes cláusulas establecidas en el contrato de una obra (Rehabilitación de Símbolos Patrios) al no verificar documentación al respecto.

Dicha obra es la inscrita en el Programa 108 de Infraestructura Vial del Estado de Oaxaca, del Proyecto “Ampliación y modernización de la Carretera Troncal 175 (Oaxaca- Puerto Ángel) del Km 1+000 al km 5+300 entronque a nivel con Av. Universidad en km 2+300 y Construcción del Puente sobre “Río Salado” en el km 2+977.14, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas”.

El quebranto asciende en este caso a 51.6 millones de pesos.

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