En el sistema penitenciario nacional, más de 8,000 personas pertenecientes a pueblos originarios están privadas de su libertad, y al 85% de esta población se le negó el acompañamiento de un intérprete para su asistencia legal, afirmó el senador por el estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.

El legislador istmeño acusó a jueces y magistrados de no aplicar debidamente la perspectiva de interculturalidad en los procesos judiciales, a pesar de que es obligatoria según el Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En el proceso judicial debería estar garantizada una justicia libre de prejuicios, estereotipos y discriminación, así como el acceso y goce de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional suscrita por nuestro país, pero la realidad es totalmente opuesta”, afirmó.

Criticó a la Ministra Norma Piña por participar en manifestaciones contra la reforma judicial, pero nunca pronunciarse sobre el caso de miles de mujeres y hombres indígenas encarcelados injustamente que están a la espera de una sentencia.

“Es una infamia que defiendan un Poder Judicial que castiga a los más pobres entre los pobres y brinda impunidad a quien puede pagarla; un sistema de justicia que castiga no hablar español carece de legitimidad y legalidad”, dijo Morales Toledo.

El senador zapoteco propondrá que el acceso a la justicia para las personas indígenas sea incorporado al debate de la reforma del Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Morales Toledo sostuvo que la reforma judicial debe desembocar en un sistema de justicia intercultural con jueces, magistrados y ministros que garanticen el pleno reconocimiento de la diferencia política, jurídica y cultural de los pueblos indígenas.