Kenneth Smith, especialista en comercio internacional, acotó que el equipo de gobierno de la presidente electa, Claudia Sheinbaum, ha declarado que se atenuarán ciertos cambios constitucionales con las leyes secundarias.
Al gobierno de Estados Unidos le preocupa que la reforma al Poder Judicial en México propicie una afectación sistémica al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó Kenneth Smith, especialista en comercio internacional y socio de AGON.
Actualmente en el Congreso de la Unión avanza una reforma que permitiría la elección por voto popular de todos los jueces de México, además de otra iniciativa que propone la desaparición de varios órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Smith expuso que en el Capítulo 29 del T-MEC se establece un principio básico relacionado con el Poder Judicial, en el que los tres países se comprometen a tener una serie de reglas comerciales, pero también un marco constitucional que permita cumplir con sus respectivos compromisos.
“Ahí se señala que cualquier acto de gobierno que pudiera afectar los compromisos del Tratado puede ser revisado por tribunales imparciales y procesos judiciales que estén separados del Poder Ejecutivo y de las autoridades que tomaron a cabo las decisiones que afectan al Tratado”, argumentó.
Smith expuso que en el Capítulo 29 del T-MEC se establece un principio básico relacionado con el Poder Judicial, en el que los tres países se comprometen a tener una serie de reglas comerciales, pero también un marco constitucional que permita cumplir con sus respectivos compromisos.
“Ahí se señala que cualquier acto de gobierno que pudiera afectar los compromisos del Tratado puede ser revisado por tribunales imparciales y procesos judiciales que estén separados del Poder Ejecutivo y de las autoridades que tomaron a cabo las decisiones que afectan al Tratado”, argumentó.
Smith expuso que en el Capítulo 29 del T-MEC se establece un principio básico relacionado con el Poder Judicial, en el que los tres países se comprometen a tener una serie de reglas comerciales, pero también un marco constitucional que permita cumplir con sus respectivos compromisos.
“Ahí se señala que cualquier acto de gobierno que pudiera afectar los compromisos del Tratado puede ser revisado por tribunales imparciales y procesos judiciales que estén separados del Poder Ejecutivo y de las autoridades que tomaron a cabo las decisiones que afectan al Tratado”, argumentó.
Agencias: El economista
Foto tomada de la red
