San Raymundo Jalpan, Centro, Oax. – La diputada Irma Pineda Santiago presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, con el objetivo de establecer de manera explícita la obligación de los municipios de coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y otras autoridades competentes.
Durante su intervención, la legisladora advirtió que la desaparición de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta México, al considerarse una grave violación a los derechos humanos, con impactos profundos no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias y en la sociedad en su conjunto.
Pineda Santiago señaló que en Oaxaca, el fenómeno ha ido en aumento en los últimos años, derivado de diversas causas como el crimen organizado, conflictos sociales, trata de personas, desapariciones forzadas y violencia institucional.
Citando el Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz, la diputada reveló que en los últimos 15 años, 3 mil 938 personas han sido reportadas como desaparecidas en Oaxaca, de las cuales el 13.6% aún no han sido localizadas.
Sin embargo, advirtió que las cifras varían según la fuente, ya que instituciones como la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda y organizaciones como Red Lupa y Consorcio Oaxaca manejan datos distintos y revelan también patrones diferenciados, especialmente en los casos de desapariciones de mujeres.
Recordó que la Constitución Mexicana establece que todas las autoridades están obligadas a proteger los derechos humanos y que los municipios, aunque autónomos, tienen responsabilidades directas sobre asuntos que afectan a su población. La Ley General en Materia de Desaparición de Personas y su homóloga estatal en Oaxaca prevén la colaboración obligatoria entre los tres niveles de gobierno para la localización e identificación de personas desaparecidas.
No obstante, reconoció que muchos municipios desconocen o evaden esta responsabilidad, lo que genera vacíos operativos y frena las acciones urgentes necesarias en casos de desaparición.
Ante esta situación, la diputada propuso una reforma que obligue a los gobiernos municipales a colaborar activamente con la Comisión Estatal de Búsqueda, reforzando su papel como primeros respondientes y facilitando una mejor implementación territorial de las medidas establecidas en las leyes nacional y estatal.
«Es fundamental que los municipios no solo entiendan la gravedad del problema, sino que asuman su papel activo en su solución», concluyó Pineda Santiago.
