Ajenos al principio de austeridad republicana, en el IEEPCO las consejeras y consejeros aseguran su futuro, regalándose un acuerdo que permite cobrar millones al término del periodo por el cual fueron designados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Y es que el pasado 30 de octubre, la Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González regaló a las ex consejeras, Nayma Enríquez, Carmelita Sibaja y al ex consejero Wilfrido Almaráz, una compensación económica por el término de su encargo, asegurando así que cuando el momento de su retiro llegue, se le aplique el mismo acuerdo para retirarse con millones de pesos por compensación y además deja sin efecto el acuerdo de abril de 2017, con el cual se liquidaba al personal administrativo del Instituto, para que a partir de este 2024, dicha compensación aplique únicamente a las consejeras y consejeros del órgano electoral, que ganan más de 70 mil pesos mensuales.
A través del acuerdo de Junta General Ejecutiva, la Presidenta, a través de su Secretaría Ejecutiva, Iliana Araceli Hernández, orquestaron el acuerdo A-IEEPCO-JGE-12/2024, darle fundamento legal y administrativo al oficio IEEPCO/PCG/1887/2024, de fecha 28 de agosto de 2024, donde la Presidenta del Consejo General del Instituto, solicitó a la Secretaría Ejecutiva, “la presentación del proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba otorgar un finiquito a las consejerías electorales que concluyen su encargo con fecha 30 de septiembre de 2024”.
Apenas el 28 de octubre pasado, el Consejo General, aprobó solicitar un presupuesto cercano a los 375 millones de pesos, para el ejercicio 2025, año en el que Instituto, sólo coadyuvará en las elecciones de municipios regidos por sistema normativo indígena.
En este presupuesto, se destinan cerca de 15 millones de pesos para el “fortalecimiento” de la unidad jurídica y de género, áreas afines a la presidenta, así como cerca de 5 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones de transparencia.
El IEEPCO, cuenta además con diversos juicios para el pago de las liquidaciones correspondientes a las personas funcionarias que por presiones o acoso, terminaron su relación laboral y que no fueron consideradas ni en el presupuesto, ni en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva; además que no existe solicitud alguna al congreso local de ampliación presupuestal para cubrir las liquidaciones a las y los trabajadores que han tenido que abandonar el Instituto por los malos manejos de la presidencia.
Cabe destacar que en 2015, y a raíz de la Reforma Electoral, la Sala Superior del TEPJF, revocó la sentencia del Tribunal Electoral Local, donde se ordenaba una indemnización a las consejerías por el término de su ejercicio.
Sobre Sánchez González, pesan los señalamientos del órgano interno de control de dicho Instituto electoral, por el mal uso de recursos públicos, y aunque fue protegida en su momento por la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas y Guadalupe Taddei, persiste una controversia institucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la permisividad del órgano electoral nacional para que los institutos locales puedan utilizar los recursos públicos del estado sin vigilancia y a discreción, pero sobre todo, sin posibilidad de ser sancionados.
Mientras tanto, las decisiones de la presidenta Elizabeth Sánchez González, le siguen costando a las y los oaxaqueños, pues el retiro millonario será a costa del trabajo de mujeres y hombres que no ganan los 70 mil pesos mensuales que la presidenta y las consejeras y consejeros obtienen.
