Nadie en el Poder Judicial puede ordenar dar marcha atrás a la reforma que aprobó el Constituyente Permanente y el Consejo de la Judicatura deberá investigar y sancionar no solo a la jueza Nancy Juárez, que ha pedido anular el decreto promulgado en el Diario Oficial, sino a quienes están obstruyendo la aplicación de la justicia y ya afectaron más de un millón de casos en curso.
Así lo afirmó el senador por Oaxaca Antonino Morales Toledo, quien demandó que la jueza Juárez Salas sea suspendida de su cargo en el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, debido al negro historial que precede su actuación y que va desde el acoso laboral hasta el descuido en el cumplimiento de funciones.
Advirtió que los juzgadores que se oponen a la reforma judicial, encabezados por su líder Patricia Aguayo, incurren en la probable comisión de delitos contra la administración de la Justicia, pero además su actuación se podría agravar porque han amagado con boicotear y frenar judicios en asuntos de interés fundamental y prioritario del Gobierno federal, inclusive de orden económico.
“Nos enfrentamos a una verdadera autocracia, pero la razón y el derecho está de nuestro lado y la voluntad del pueblo ya decidió a favor de un Poder Judicial democrático”, indicó.
Refirió que la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, calculó un daño económico hasta hoy de más de 11 mil 706 millones de pesos, por el paro de labores del poder judicial iniciado el 16 de agosto.
“No podemos permitir que siga esta afectación, no solo económica, sino que vulnera derechos de las y los mexicanos a tener una justicia pronta y expedita. Es hora de que el Consejo de la de Judicatura los llame a cuentas”, reclamó el legislador zapoteco.
Quien recordó que el paro en el Poder Judicial impactó en la suspensión de audiencias en juicios laborales, administrativos, penales y de amparo que han dejado casos sin resolver, como recientemente mencionó el periodista Ciro Gómez Leyva, quien dijo que un día antes del paro se realizaría la audiencia en la que se iba a imputar al “Patrón” por tentativa de homicidio en su contra.
Además, ha dejado a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la indefensión, a madres de familia sin el juicio de pensión para sus hijos, demandas de divorcio sin resolución, “es decir, temas que directamente le pegan a una familia, pero otros muy delicados que tienen que ver con el cambio de medidas cautelares o de sentencia, juicios de extradición o de extinción de dominio”.
En ese sentido, Antonino Morales señaló que la jueza que ordenó retirar el decreto de la reforma judicial no tiene facultades para ello, pero tampoco calidad moral porque ha quedado exhibido su negro historial con quejas de diversos tipos ante el Consejo de la Judicatura que desde 2021 la suspendió por tres denuncias por desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral.
Otro tema grave, acusó el senador oaxaqueño, es que ya fue investigada por denuncias de falta de profesionalismo y abusos de funciones.
