No había pasado ni una semana del inicio de los trabajos del proceso electoral en Oaxaca, cuando el Órgano Interno de Control, determinó suspender a la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
Obviamente la noticia sacudió a los medios y sorprendió hasta a quienes ya deberían esperar algo parecido, pues en el IEEPCO desde meses previos, la contraloría ya había suspendido a las encargadas de la Coordinación Administrativa, Secretaría Ejecutiva y hasta al encargado de Recursos Financieros… vamos, ¿no se esperaban nada?
Sin embargo, la hecatombe del IEEPCO, llegó con una determinación, que se discute desde el escenario político y poco se habla de lo legal.
Poniendo las cosas en perspectiva, la suspensión se dio por la comisión de lo que la contraloría calificó como faltas graves por un presunto desvío de más de 19 millones de pesos.
La respuesta de la presidencia fue la negación de estas faltas (no esperábamos otra cosa) y la acusación —por su parte— de ser víctima de violencia política en razón de género. ¡Uff!
Ante este encontronazo al interior del IEEPCO, el Instituto Nacional Electoral, entró al ruedo y defendió su atribución de remover a las consejerías de los OPL… perdón, acuerpó a la figura de la presidencia de los órganos electorales e impugnó ante el TEPJF, la medida impuesta por la contraloría ante una presunta violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentando violaciones a los derechos políticos-electorales de la Consejera presidenta del IEEPCO.
Y eso no es todo, para rematar. Un juez federal, negó la suspensión de la medida cautelar, es decir, negó el amparo solicitado por el equipo legal de la Consejera presidenta, entonces la cosa se pone más complicada.
Falta que el Tribunal Electoral, resuelva el juicio interpuesto por la Consejera presidenta y el del Consejo General del INE, como quien dice, otro choque de leyes, las de responsabilidades administrativas o las político-electorales, derechos y obligaciones.
En tanto, el Proceso Electoral Local, debe seguir su ritmo, con la integración de los consejos distritales y municipales; el seguimiento a las candidaturas independientes y candidaturas independientes indígenas; promoción para observación electoral; integración de comités técnicos; elaboración de adendas, entre otros materiales, es decir, bastante trabajo que no puede parar.
Lo cierto es, que a nivel nacional, nos encontramos en un escenario singular, el análisis sobre la ponderación de principios, donde la resolución del TEPJF probablemente, dejará una revisión a fondo sobre las decisiones de las contralorías internas y de las obligaciones de las personas titulares de los organismos autónomos, que nada tiene que ver con las obligaciones de transparentar el uso de recursos públicos.
Es necesario recordar que desde su llegada al Consejo General del IEEPCO, la Presidenta no la ha tenido fácil. A meses de asumir el cargo, en medio de la polémica renunciaron el titular de la Secretaría Ejecutiva, las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas y de la Unidad de Quejas y Denuncias, y así el Instituto, sobrevivió a un proceso electoral extraordinario.
No pasó mucho tiempo y en el proceso para la elección de la Gubernatura, —de nuevo en medio de la polémica— renunció la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva que hizo al INE intervenir y designar a una persona para concluir el proceso.
Luego de esto, otra renuncia. Ahora de la que fue encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (sí, otra) y nombrada Coordinadora Administrativa, con lo que a lo largo de la administración se unen a las denuncias y señalamientos por violencia política de género en su contra, ejercida también contra integrantes de órganos desconcentrados. Mucho revuelo en poco tiempo.
En tanto el Tribunal Electoral determine si reinstala a la Consejera presidenta, hasta en tanto los órganos jurisdiccionales administrativos acuerde lo consecuente, es la oportunidad para analizar cuáles son las causas por las cuales los casi dos años al frente del IEEPCO, han sido tan difíciles y con tantos señalamientos.
Por el bien de la democracia, de la legalidad y del respeto a los derechos laborales de todas las personas que integran el Instituto, que sirva de algo. Si no, así que chiste, dijera ‘Quico’.
